En los últimos meses parecía haberse hecho un gran silencio sobre el sistema del que tanto hablamos a finales del año pasado. Aprobado por la Ley de Emprendedores 14/2013, el famoso Régimen Especial del Criterio de Caja (RECC), que en su día fue el tema estrella, ha quedado silenciado, básicamente, porque desde que se anunciara el nuevo sistema, muchos ya vaticinaron su fracaso.
Hoy, con los datos sobre la mesa, lamentablemente, podemos confirmar ese fracaso: de los 2,3 millones de empresas y autónomos, que podrían haberse beneficiado del famoso RECC, sólo 22.090 empresas y profesionales – 10.539 personas jurídicas y 11.551 personas físicas – se han acogido a este nuevo sistema fiscal. Y digo “lamentablemente” porque el RECC nació en respuesta a una de las principales demandas de pymes y autónomos que habían visto agravada su situación económica por tener que asumir el ingreso de un impuesto, que podrían llegar a cobrar mucho tiempo después.
La medida pues, se creó con el encomiable objetivo de paliar los problemas de liquidez que venían arrastrando estos colectivos, dándoles la posibilidad de ingresar el IVA devengado, una vez lo hubieran cobrado.
Sobre el papel, la teoría parecía aportar muchas ventajas. Sin embargo, más pronto que tarde, aquellos que debían ser los primeros y más beneficiados por la nueva norma, empezaron a mostrar su disconformidad ante un sistema que, según decían, “hacía aguas” desde el mismo momento de su concepción. Aunque en el fondo, insisto, hubiera buena intención.

¿Por qué el no, se impuso a un sistema que parecía justo?
Ya la misma entrada en vigor del flamante IVA de Caja fue un fiasco, pues hubo de ampliarse el plazo, por lo precipitado de la medida. Como digo, ésta ya fue acogida con gran escepticismo entre el tejido empresarial español al que no terminaba de convencer por la tardanza en explicar los detalles de la norma, vía Orden Ministerial y a última hora. Otro motivo importante, era que no se trataba de una propuesta para todo el conjunto de empresas y, en las afectadas, se creaban grandes cambios metodológicos en su administración interna – hablamos de la necesidad de actualizar los sistemas de gestión, o sea invertir recursos en ampliar funcionalidades.
En definitiva, se trataba de una medida que no quedaba clara con mensajes confusos. Hacía falta tiempo para asimilar los cambios que exigía esta normativa incluso a nivel de la administración, teniendo en cuenta la arbitrariedad de  los requisitos formales que se establecían para adherirse al nuevo marco regulatorio, como no superar los 2 millones de euros de facturación o no superar los pagos anuales en efectivo por valor de 100.000 euros.
Por lo que fuera,  motivos había muchos, empresas y autónomos ya se mostraron recelosas, entonces. Y hoy los datos confirman el descontento.
Desde nuestra perspectiva, no sólo como desarrollador de aquellas soluciones que debían modificarse para responder a la norma, sino como propia parte que podría estar interesada en acogerse a la misma creemos, que las causas del fracaso podrían resumirse en los siguientes puntos:

  • La medida no se aplicaba a todas las empresas, y aquellas que permanecían fuera del nuevo sistema, veían incrementada significativamente su carga administrativa. Carga que se incrementaba igualmente, si alguno de sus proveedores se sumaba a la iniciativa.
  • Las empresas que quisieran acogerse al sistema fiscal debían tener actualizados sus programas informáticos porque implicaba nuevas obligaciones de información y de registro de la facturación.
  • Se estableció muy poca flexibilidad en los plazos. El acogimiento o la renuncia debía comunicarse en el mes de diciembre anterior al ejercicio en el que debía  surtir efecto, y la renuncia vincula por un periodo de tres años.

En fin, muchas cosas en su contra.
Y así lo ha reconocido el Ministro de Hacienda, quien ha dicho al respecto, según publica El País el pasado 24 de septiembre: “es el primer año, estamos aprendiendo todos a gestionarlo y lo que tenemos que hacer, en mi opinión, es ver la experiencia para seguir perfeccionando el sistema, por la liquidez que aporta a las pymes. Y, por eso, también estamos a disposición de los grupos, ahora que acometemos la reforma tributaria, para perfeccionar este sistema. Por supuesto, mostrar nuestra mejor disposición (a retocar el régimen) en la tramitación de la reforma fiscal y también en los Presupuestos, que traeremos a la Cámara la semana próxima”. El País. (Montoro admite el fracaso del IVA de caja y se compromete a reformarlo).
Y ese reconocimiento del fracaso, y su disposición a “retocar” la norma, quizás suponga encontrar una alternativa viable y que realmente cumpla los objetivos para los que, seguramente, fue ideado el RECC, esto es – para mejorar la transparencia en las Administraciones Públicas y para favorecer la liquidez, tanto de las pequeñas y medianas empresas como de los profesionales autónomos.
Así que hay que volver a sentarse e intentar acercar las posturas de unos y otros. Sentarse y, además de oír, escuchar. Y, después, actuar en consecuencia. Y si es necesario, revisar y retocar, y con la humildad de los que tienen derecho a equivocarse, rectificar y buscar nuevas propuestas que sean mejores y más justas para todos.